“La necesidad urgente de planes de ordenamiento territorial”
Abril 2011
Los procesos de urbanización de América Latina se están dando a pasos acelerados, pues hace 50 años solo el 40% de los habitantes vivía en ciudades, mientras que hoy cerca del 75% de la población habita en centros urbanos. En Guatemala un 50% de la población vive aún en el área rural. Y hay una coincidencia entre países pobres y países muy rurales. En África, por ejemplo, apenas un 30% de la población vive en centros urbanos, mientras la gran mayoría sigue viviendo en el campo con grandes carencias. Y es que es en las ciudades en donde se produce la mayor parte de la riqueza: entre un 60-70% del PIB se produce en centros urbanos en la América Latina; esta proporción es mayor en Europa y el Asia.
Se estima que en Latinoamérica hay 500 ciudades que tienen entre 100 mil y 2 millones de habitantes; y de ellas unas 150 son ciudades cuya población está creciendo rápidamente; por esto se les denomina como ciudades “emergentes”. Pero para que el crecimiento que se espera de esas ciudades “emergentes” sea sostenible, se deben encontrar formas más eficientes de ofrecer los servicios públicos, de garantizar la seguridad, proteger el medio ambiente utilizando de manera eficiente los recursos naturales y adaptándose a las consecuencias del cambio climático. Para todo ello se debe practicar una gestión fiscal que permita financiar el crecimiento, a la par de una inteligente gobernanza. Con todos estos elementos, y proveyendo a sus habitantes una alta calidad de vida, entonces se puede decir de una ciudad que es “sostenible”.
Un primer paso es formular un Plan de Ordenamiento del Territorio, que permita diseñar la ciudad y el uso racional del suelo. Esta tarea debe realizarse en consulta con la sociedad para que sean aceptadas las normativas que de él se derivan. Y en un Plan de Ordenamiento del Territorio se define la “visión” que de la ciudad tengan sus habitantes. Luego debe trabajarse en estrategias para gestión de residuos sólidos y reducción de contaminación de agua y aire; en prevención de desastres y medidas para la adaptación a los efectos del cambio climático. Adicionalmente, en una planificación de la movilidad urbana y uso racional del suelo. En la provisión de agua y electricidad. En la competitividad económica y en la seguridad pública. Y para hacer ello sostenible, se requiere de una gestión fiscal transparente.
Las municipalidades, como entes autónomos, pueden planificar su desarrollo futuro; pero lo ideal es formular una estrategia del Estado guatemalteco para facilitar la tarea. Para ello se cuenta con entidades como la Secretaria de Planificación (SEGEPLAN) y la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), que podrían coadyuvar a las ciudades a planificar su desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por su parte, está elaborando y probando instrumentos y procesos que ofrecerá a las ciudades que estén interesadas en planificar un crecimiento ordenado.
Entre las comunidades que considero emergentes e intermedias podría citar: Huehuetenango, Quetzaltenango, Coatepeque, Mazatenango, Escuintla, Chiquimula, Santa Rosa, Puerto Barrios, Cobán, y las ciudades con-urbanizadas alrededor de Flores en el Peten.
El desafío es complejo y de largo plazo. Pero es fundamental para hacer de estos centros urbanos verdaderas ciudades en las que sus habitantes puedan gozar de una vida sana, segura y con oportunidad de desarrollo personal.
