Llevamos varios años discutiendo en diversos foros sobre el desarrollo rural. Sin embargo no se ha logrado llegar ni a consensos ni a propuestas eficaces para apoyar a sus ciudadanos a salir de la vida llena de limitaciones que deben soportar. Y creo sinceramente que, si seguimos con las mismas estrategias, difícilmente se llegará a consensuar una solución permanente que sea adecuada a los intereses de todos los involucrados en la “problemática rural”.
La razón de fondo es que seguimos pensando con las lógicas tradicionales, por una parte al considerar a sus residentes como campesinos e incluso como agricultores, e intentando, por tanto, paliativos, como proveerles de insumos agrícolas gratuitos como medio de apoyarlos, o de facilitarles adquisición de tierras para luego abandonarlos a los avatares de una competencia agrícola, que por difícil los obliga a utilizar las tierras para una precaria subsistencia. Por estas vías jamás llegaremos a resolver la problemática de la “ruralidad”. Como tampoco se resolverá por sistemas que irrespeten la propiedad privada, fundamento del sistema jurídico–social–económico que nos rige y que tiene un asidero histórico–cultural.
Agrava la situación el hecho de que sobre el significado de rural no hay una definición ni concepto uniforme y se le comprende más por oposición a “urbano”. Esta forma dicotómica resulta obsoleta, pues la realidad actual de Guatemala demuestra una fuerte imbricación entre lo rural y lo urbano cuando se le analiza, como debe ser, en su realidad cotidiana. Podemos fácilmente comprobar que no todos los habitantes de lo rural se dedican a la agricultura, ni todos los agricultores viven en lo rural. Incluso la agricultura de subsistencia ha dejado de ser la principal actividad de los habitantes rurales, quienes asumen diversas estrategias de generación de ingresos, o de producciones variadas para su consumo. Por otra parte, la emigración, las comunicaciones y los intercambios económicos han reducido las supuestas diferencias entre lo considerado rural y lo urbano.
Si somos realistas podemos constatar que prácticamente todas las producciones, agrícolas o pecuarias, consideradas tradicionalmente correspondientes a lo rural, son eslabones de conjuntos mayores, son parte de cadenas productivas que vinculan lo rural con lo urbano. De tal forma que si la lógica del desarrollo se sustenta en la economía, los encadenamientos productivos que se dan entre lo rural y lo urbano debieran ser los elementos centrales de la estrategia nacional de desarrollo.
Lo anterior nos lleva a confirmar que la forma más eficaz de provocar el desarrollo de un territorio rural es vinculándolo con la parte urbana del Municipio. La opción del “desarrollo económico local y desde lo local” es, por tanto, la forma en que debiera procurarse la desruralización de lo rural, en el sentido de fortalecer su economía, que es multifacética, con los vínculos que se derivan de los encadenamientos productivos, y a partir de ello entender las necesidades variadas que viven los habitantes hoy denominados rurales. Para ello una de las posibilidades a considerar es procurar el traslado de recursos, como los situados constitucionales, a la parte rural del municipio y procurar que la parte urbana reciba ingresos del IUSI y otros fondos específicos.
Esta estrategia de abordaje desde el territorio Municipal permitirá visualizar con mayor precisión las diferentes realidades territoriales, las diversas potencialidades productivas, las necesidades en capacitación, en infraestructura, en tecnologías. Y especialmente, con la cercanía, reconocer y resolver de una vez por todas las necesidades básicas insatisfechas de sus habitantes. Mi opinión es que debemos dejar de pensar en lo rural como algo diferente, olvidar los intentos anteriores que no han conducido a resultados beneficiosos para sus habitantes, e incluir, a partir de ahora, sus aspiraciones en los esfuerzos del municipio como un todo, fortaleciendo los vínculos entre ambos “mundos”, el rural y el urbano, y trasladándole recursos.
Dentro del municipio se comparten tradiciones, costumbres, normas y gobierno comunes, lo que permite un mejor conocimiento, no solo de sus aspiraciones, sino de los mecanismos que pueden permitir la superación de la pobreza de sus habitantes, que es, a fin de cuentas, la gran preocupación.
La propuesta es que la promoción del bienestar colectivo tiene que darse desde la dimensión de lo local, del territorio completo del municipio, urbano y rural, donde además la participación ciudadana es posible y con resultados más eficaces.
No hay que olvidar que existe un continuo entre lo rural y lo urbano. No se debe, por tanto, intentar soluciones artificiales que intentan romper o interrumpir ese continuo.