Dentro del sistema político guatemalteco existe un “derecho electoral”, concepto que incluye dos asuntos medulares. Por una parte los aspectos jurídicos y consuetudinarios que tienen que ver con las normativas que regulan la elección para los diferentes cargos, responsabilidad que se adjudica al Tribunal Supremo Electoral, entidad que ha funcionado bastante bien desde su creación, aun cuando ahora se le recrimina no actuar con firmeza ante los excesos publicitarios de los partidos políticos. Y por la otra parte el derecho electoral se refiere al que le corresponde a cada ciudadano para elegir a las personas a los cargos de elección mediante el voto o sufragio. De manera que dentro del sistema político existe un derecho electoral en el que siempre habrá un elector y un elegible. Se puede decir que en nuestro país el derecho electoral así concebido se cumple razonablemente bien, pues el Tribunal Supremo Electoral es funcional y los ciudadanos cumplen en su mayoría con el derecho al sufragio.
El sufragio o voto es el derecho que corresponde al elector. En ese derecho se establece que el voto debe ser “igual”, en el sentido que todos los votos tienen el mismo valor numérico independiente de criterios de ingreso económico, sexo o capacidades de la persona, elementos estos que fueron condiciones en épocas pasadas pero que ahora están felizmente superados. Incluso hoy se informa de un incremento importante en el número de electoras mujeres y electores rurales. El sufragio es además “universal”, por cuanto todos los ciudadanos tienen el derecho a elegir, independientemente de su sexo, raza, ingreso o profesión e idioma, incluso de su educación. El único requerimiento es estar inscrito en el Registro y por tanto en el Padrón electoral que hoy ha llegado a 7 millones 340 mil 841 guatemaltecos. Debe también ser “secreto”, por lo que las papeletas de seguridad, las cabinas adecuadamente instaladas y la labor de observadores es central para preservar esta condición; para ello se contará en la próxima votación con 2 mil 439 centros de votación en todo el país y 16 mil 668 Juntas Receptoras de votos o “mesas de votación”. Y debe ser “libre”, en cuanto a que pueda ejercerse sin coacción ni influencia alguna. Otra característica del voto es que este es “directo”, o sea que no hay intermediarios entre el votante y el elegible, siendo por tanto los propios votantes los que determinan quiénes ocuparan los cargos de elección, cargos a los que aspiran 31 mil 817 candidatos.
Los términos anteriores determinan que, en Guatemala, desde el lado del derecho a elegir se está dentro de un sistema político democrático. Pero desde el lado de los “elegibles” sucede lo contrario, pues es en los partidos políticos que los proponen donde se encuentra una enorme debilidad, por cuanto estos se han convertido en una especie de “maquinarias electoreras” que han convertido la política, institución de por sí noble, en un sucio y deleznable negocio. Véase si no el gran número de candidatos “emparentados” entre sí, y que no tienen ningún mérito más que el enchufe con el “partido” que los postula. Al Congreso de la República, ampliamente repudiado en estos últimos años, se proponen a reelección nada menos que el 80 por ciento de los actuales diputados. Adicionalmente, es verdaderamente escandalosa la publicidad, tanto en términos del recurso utilizado de dudosa procedencia, como del ruido y empapelada que le dan a aldeas, pueblos y ciudades, pasando por calles y carreteras; y aún más penoso, sin propuestas serias, razonables y realizables.
Nuestro sistema político y la democracia que lo sustenta están en peligro si se continúa con la misma modalidad; pasadas las elecciones es obligada una seria y profunda reflexión desde los centros de pensamiento e incidencia para identificar y proponer mecanismos que construyan y viabilicen una democracia real y con futuro para Guatemala.
