“La Constitución contempla que los ciudadanos participen”.
Mayo 2009
Las formas de gobierno que un Estado moderno puede asumir son básicamente tres: la democracia, la dictadura, o el totalitarismo. La democracia como el sistema político en el que los ciudadanos delegan su representatividad, participan activamente y gozan de libertades, entre ellas la de información, de locomoción y de empresa. Por su parte, la dictadura es cuando un líder asume el control absoluto del gobierno apoyado por la fuerza, militar o legal, condicionando las libertades a los intereses del dictador. Y el totalitarismo se establece cuando todo el Estado es asumido por una ideología política, controlando sus instituciones, la economía, los medios de comunicación, etcétera. En América Latina tenemos ejemplo de las tres formas de gobierno: totalitarismo en Cuba, dictaduras (incipientes) en algunos países sudamericanos; y democracias como la de Chile, tras la salida de Pinochet.
La mayoría de países del mundo aspira a construir sistemas democráticos, por ser la forma que mejor responde a los intereses de las mayorías. El sistema democrático requiere para su funcionamiento de una articulación de los intereses de la sociedad, del sistema político y del Estado. Pero para que funcione un sistema democrático el ciudadano debe gozar de libertad, debe además poder delegar su representación mediante partidos políticos, y sobre todo debe participar decididamente. Es a este último punto que deseo referirme, pues toda democracia debe ser participativa y en nuestro país se duda de la eficacia de esa participación, especialmente cuando se habla de las ONG (organizaciones no gubernamentales).
La participación ciudadana es esencial para contribuir en la vida social, política, económica o cultural de una sociedad; es un deber de todos sus habitantes para construir el bien común. La participación ciudadana está garantizada por la Constitución de la República de Guatemala, Constitución que ordena al Estado como subsidiario, es decir, uno que deja hacer a los ciudadanos aquello que pueden resolver por sí mismos o asociados en diversos tipos de organización.
En los últimos años han surgido muchas asociaciones, a las que se ha denominado como “organizaciones no gubernamentales”, por ser de la sociedad y no de gobierno, todas ellas con el propósito explícito de contribuir al bien común, y con el deseo manifiesto de sus integrantes de participar en la construcción democrática. También ha habido una crítica razonable por cuanto algunas de esas entidades han sido organizadas con propósitos espurios. Pero ello no debiera ser razón de delimitar la posibilidad de que los ciudadanos se organicen para resolver sus problemáticas, a sabiendas que solamente unidos en entidades pueden alcanzar la voz y el peso para que sus planteamientos avancen.
El Estado no puede limitar ni restringir la participación en la vida social, política, cultural ni económica del país, incluyendo de manera particular a los considerados “más débiles”; la participación es una forma de solidaridad.
En los sistemas totalitarios o dictatoriales el derecho a la participación en la vida pública es negado radicalmente, y ello va en contra de la democracia.