El Estado es un concepto social que incluye a la sociedad, al gobierno, al territorio, y a los sistemas jurídicos, económicos y sociales que norman las relaciones entre los habitantes de ese Estado.
Hace algún tiempo le decía a un amigo que un Estado puede decrecer, y el amigo, siendo un científico social, me aseguraba que eso es imposible. Pero al hacerle mi explicación, con una sonrisa maliciosa lo aceptó. Un Estado, el de Guatemala, ha decrecido, se ha achicado. ¿Cómo hemos logrado esa supuesta irracionalidad?
En primer lugar, lo hemos logrado, y reiteradamente, en uno de los componentes del concepto de Estado, es decir el correspondiente al de territorio. Desde hace más de un siglo hemos ido perdiendo terreno, primera en la época posindependencia, cuando se perdió, por descuido, buena parte del Soconusco. Luego, por graciosa concesión del gobierno del Justo Rufino Barrios, se perdió otra importante región de la hoy Chiapas (México). Y últimamente, gracias al gobierno de Serrano Elías, perdimos oficialmente Belice.
Y no sólo en el aspecto territorial hemos decrecido como Estado, también en otro de sus componentes, el de las relaciones del Poder con las clases sociales. Estas relaciones, que deberían irse fortaleciendo con el tiempo, se han debilitado, al extremo de darse una desconfianza mutua. Especialmente cuando la sociedad ha perdido confianza en sus gobernantes, como sucedió en la época del ex presidente Cerezo, o Serrano, que causaron una tremenda frustración en la sociedad, en los guatemaltecos en general.
Otro de los elementos que integran el concepto del Estado es el de la burocracia, esos 150 mil o más laborantes que devengan sus ingresos económicos del erario, y que también se ha achicado, no precisamente en términos cuantitativos, pero sí cualitativos, al otorga cada día una servicio más deficiente a la comunidad.
Otro de los elementos fundamentales del Estado lo constituyen los habitantes de su territorio, y para el caso que nos ocupa hemos visto, con asombro, que también en estos hemos decrecido, pues después de estimar por extrapolaciones y tendencias, que la población nacional era de cerca de 10 millones y medio de habitantes, el INE nos anuncia, hace poco más de un año, que ahora somos únicamente 8 millones y medio de ciudadanos.
Y hoy corresponde al gobierno actual contribuir con el achicamiento del Estado, y, esta vez, lo hace atacando su columna vertebral: reduciendo la capacidad de inversión, e incluso de sostenibilidad de las empresas (base de la generación de empleo y del bienestar que ellos produce). Me refiero al debilitamiento de las empresas formales (aquellas que encuentran debidamente registradas y contribuyendo al sostenimiento del Estado), lo cual sucederá con el ISET (Impuesto de solidaridad, extraordinario y temporal).
¿Por qué?, se preguntará usted. Pues, sencillamente porque el ISET se aplicará a las empresas y personas individuales, de acuerdo con la información de ventas o ingresos brutos que reportaron el año interior, y estos informes los provee con exactitud un grupo relativamente reducido de empresas que operan debidamente registradas en los controles del Estado, y que, además, se rigen por principios éticos (desgraciadamente una minoría). En cambio, el gran grueso de empresas que no reportaron sus ingresos reales quedan fuera del ISET, y, por tanto, no estarán siendo castigadas con el impuesto. Esto lo que permitirá es que se fortalezcan las incumplidoras y se debiliten las que sí cumplen, lo que a las postre generará un grupo cada vez más grande y poderoso de empresas dirigidas sin principios éticos y de solidaridad, y el Estado sufrirá las consecuencias, cuando, en un futuro no muy lejano, los ingresos tributarios se reduzcan aún más.
Lástima que el partido de gobierno, teniendo mayoría en los dos poderoso del Estado (Ejecutivo y Legislativo), no haya impulsado otras medidas que corrijan el problema de fondo, como el control de aduanas, por ejemplo, de donde podría recuperar unos mil quinientos millones de quetzales, o el control de la evasión en general.
Creo, pues, que con esta medida el gobierno actual está contribuyendo al achicamiento del Estado, al disminuir las posibilidades de crecimiento económico sólido, de facilitar una inversión que produzca empleo, y de fortalecer un principio que debe sustentar todo Estado: el de que se castiga al que infringe los acuerdos sociales, y se respeta y apoya al que los cumple.
