Es evidente que uno de los grupos sociales que con mayor diligencia y capacidades asume los liderazgos en la nación, tanto el social como el político, es el empresarial. Lo hemos visto en las últimas décadas, no solo en Latinoamérica sino también en Europa y Asia, donde las élites empresariales se implican en la dirección de entidades que van desde la filantropía, pasando por las de desarrollo y culminando en las de orden político. Una razón que podría aducirse es que en el empresariado se encuentran personajes con niveles de educación superiores, y ya no solo en lo puramente económico, sino en un más amplio espectro de capacidades. Además, el prestigio personal y el de sus empresas les obliga de alguna manera a participar en esos liderazgos. Esta acción se ha visto incrementada con la denominada “responsabilidad social empresarial”, que está permeando las empresas y que se ha convertido en muchos casos en parte de la estrategia empresarial, no solo para mejorar sus rendimientos, sino por una genuina toma de conciencia ciudadana.
Sobre este tema se han realizado estudios en nuestro país, y dos de los más acuciosos son los del Doctor J. Fernando Valdez, quien en su libro “El ocaso de un liderazgo, las élites empresariales tras un nuevo protagonismo” plantea el pensamiento empresarial en relación a los proyectos de nación y la responsabilidad política y económica del sector empresarial en el Estado guatemalteco. El otro estudio es “Imponiendo la democracia”, de Rachel M. McCleary, que expone la determinante participación empresarial en el logro de la transición democrática, tanto desde la firma de la paz como en los acontecimientos de mayo y junio del año 1993, cuando Serrano pretendió inconstitucionalmente asumir todos los poderes del Estado.
Sin embargo, y con motivo de la apertura comercial mundial –la globalización- especialmente en su versión de movilización de capitales, surge un cambio fundamental que ha provocado que un importante número de grandes empresas nacionales (comerciales, bancarias, industriales), haya pasado a manos de las transnacionales, lo que ha desplazado a sus antiguos líderes, ahora ex propietarios, de su posición ventajosa para participar e incidir en los procesos socio-políticos. Y esos líderes nacionales, con grandes capitales en su cuenta bancaria, ahora ya desplazados, normalmente cambian de actividades y, en algunos casos, incluso de país de residencia, con lo que se pierde su accionar en el país de origen, el que a la postre pierde con ello a líderes de primer orden.
Escuché por primera vez sobre este fenómeno de un amigo que contó cómo en Venezuela, hace más de una década, varias de las empresas familiares tradicionales fueron absorbidas por transnacionales, y cómo las familias propietarias que accionaban en diversos campos de la vida del país se habían retirado en definitiva, dejando un vacío de liderazgo, que fue ocupado por líderes que vieron en la política no la búsqueda del bien común, sino una oportunidad para fines aviesos, o el bien propio, tal el caso del chavismo, un complejo de populismo dictatorial personalista. Y es que aquellos liderazgos empresariales tenían un prestigio y mucho qué perder en caso de fallar. Mientras que estos nuevos liderazgos de ocasión no pierden absolutamente nada, y pueden ganar mucho, especialmente en dinero y fama.
Acompañado de este fenómeno está el de los recursos financieros que, en cantidades cuantiosas, reciben los que venden sus empresas, recursos que normalmente emigran, de manera que no generan nuevas empresas nacionales y con ello empleo.
Sobre el primer fenómeno, el de la venta a las transnacionales, no se puede hacer nada, pero sobre el segundo, el de la recepción de recursos financieros, sí. Y lo que se puede hacer es invertirlos en el país, especialmente en proyectos de infraestructura que requieren inversiones multimillonarias, como hidroeléctricas, carreteras, etcétera. Para ello es indispensable que se apruebe por el Congreso la ley de alianzas público-privadas, mediante la cual se lograría que la inversión física se hiciera con esos capitales privados, permitiendo así que el Gobierno invierta todos los recursos posibles en los temas sociales, como la educación, la salud, la vivienda popular y la seguridad, temas de gran urgencia y que requerirán de duplicar su presupuesto si queremos tener la Nación a la que aspiramos.
Así pues, nos enfrentamos a la posibilidad de perder unos importantes liderazgos entre los empresarios, pero a la vez puede ser ocasión de una nueva estrategia de inversión en la infraestructura que urge en el país, y que si no es por mecanismos como este, habrá que esperar décadas para que el Estado esté en la capacidad financiera de abordarlos.
