La paz, según el diccionario de la Academia de la Lengua, es “el ajuste o convenio que se concuerda entre los Estados para dar la quietud a sus pueblos, especialmente después de las guerras”. En nuestro caso guatemalteco no hemos tenido una guerra, sino un enfrentamiento armado entre una insurgencia marxista y un Estado represor, los que, por inanición concluyeron el enfrentamiento acordando una negociación política de paz. Trasladando la definición a nuestro caso, para que se dé la verdadera paz es obligado el reconocer que hubo un conflicto, que existe disposición de perdonar y pedir perdón, y especialmente el compromiso de todos, como sociedad, a erradicar las causas que se aduce dieron origen al conflicto.
Las causas del conflicto guatemalteco son varias, y se ubican en el orden político, el social y el económico, en ese orden según mi parecer. Entre las políticas, que son las de mayor peso, hay que recordar que en los años sesenta se vivía la guerra fría entre las dos potencias mundiales; que Castro recién había triunfado en Cuba y planteaba una utopía “atractiva”; y que el presidente Ydígoras Fuentes cometió el error de ceder espacio territorial para preparar la malograda invasión a Bahía de Cochinos, lo que indignó a un grupo de militares que se alzaron en armas. Ellos fueron los iniciadores del movimiento guerrillero que después fue copado por liderazgos pro–marxistas. Lo demás es la triste historia de 36 años de muerte y destrucción.
Felizmente, hace ahora diez años que se firmó el último de los acuerdos, el definitivo para “una paz firme y duradera”, después de un largo proceso que se inició al retorno a la democracia, en 1986. Hoy podemos congratularnos que se ha avanzado, especialmente en cuanto a la apertura democrática, al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, al reasentamiento y resarcimiento de los implicados directamente en el conflicto armado así como en su incorporación a la vida política del país. Y podemos mencionar también que ya no ha habido violencia política generada desde el gobierno. Se ha avanzado también en la modernización del Estado así como en la redefinición de las funciones del Ejército y de la sociedad civil.
Uno de los temas en que más se ha invertido en los últimos diez años, casi Q30 mil millones, ha sido en educación y salud, y evidentemente no ha sido suficiente, ni bien focalizado. Lo avanzado a la fecha, que es en todo caso significativo, ha requerido de una cuantiosa inversión económica, cerca de Q115 mil millones, de los cuales Q75 mil millones han venido de impuestos pagados por los guatemaltecos. El resto ha sido de préstamos (unos Q15 mil millones), y de la cooperación internacional, que ha aportado unos Q25 mil millones a la fecha.
La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si la paz ha costado tanto en términos de esfuerzos, y se ha invertido muchísimo en recursos económicos, seguimos mal en seguridad y pobreza? La respuesta no es simple ni unívoca. Pero podemos constatar que la inseguridad que vivimos ya no es derivada de persecución por razones políticas, como lo fue en aquellos años, sino más bien es causada por razones sociales, como la falta de oportunidades para los jóvenes, que se ven compelidos a incorporarse a las maras; o de la delincuencia derivada de las drogas y el contrabando.
Y en cuanto al tema de la pobreza, debemos recordar que cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, la pobreza afectaba a casi el 80 por ciento de los ciudadanos, mientras que ahora ha bajado a cerca de un 56 por ciento; y la pobreza extrema ha bajado de cerca del 60 por ciento a un 23 por ciento.
Ello no debe interpretarse como suficiente, al contrario, con todo el recurso invertido debiera haberse erradicado la pobreza extrema, y reducido considerablemente la pobreza general.
Una razón por la que esto no ha sido posible es que no se han invertido los fondos de manera que promovieran el empleo y el autoempleo, y a ello se debe también el que no se alcance la meta de una tributación equivalente al 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), tal como se estipuló en el acuerdo socioeconómico, en donde también se estableció que el crecimiento de la economía debería de ser de un 6 por ciento anual, cantidad que no ha llegado ni a la mitad en los diez años transcurridos. Esto último explica, sin lugar a dudas, el que no hemos sido capaces de generar suficiente empleo, lo que a su vez explica buena parte del malestar social y la pobreza continuada. De manera que si queremos sacar nueva inspiración y compromiso con motivo de la celebración de la primera década de la firma de la paz, debemos revisar los criterios de inversión del Estado, y enfocarlos hacia aquellas que induzcan mayor producción y empleo. Solo así estaremos garantizando que la paz firmada continuará siendo firme y duradera.
Demostremos, con una renovada política de inversión y generación de empleo, nuestra adhesión a la paz, con la buena voluntad y compromiso de todos.
