“El Gobierno ha sido el punto de referencia de toda la sociedad”.
Marzo 2010
En los últimos años ha tomado importancia el tema del “poder local”, denominación que hace referencia a la capacidad que tiene la ciudadanía de un territorio para apropiarse de su propio destino. Es, por tanto, un tema de la mayor relevancia, por cuanto se relaciona con la participación a que se está dispuesto en la sociedad guatemalteca para buscar la resolución de sus problemáticas, tanto sociales como económicas y políticas; y esa participación se hace más visible y consistente desde lo local, lo que para nuestro caso significa desde el nivel municipal. El poder local es a su vez una noción de dos facetas, pues por una parte toma en cuenta lo indicado, es decir, el deseo de participar de los ciudadanos; y por otra, la apertura que los gobiernos conceden a sus ciudadanos para que esa participación sea eficaz.
Lo que ha sucedido con el modelo organizativo tradicional denominado “Estado-nación” guatemalteco es que se le asignó un papel central, y muchas veces férreo a la función y a los órganos gubernamentales. Ello generó un sistema de alta dependencia desde el Gobierno central, que ha llegado a su máxima expresión con el presidencialismo. El Gobierno ha sido, por tanto, el punto de referencia de toda la sociedad. Y ello ha impregnado la cultura; vale recordar el trato que daba y recibía el presidente Jorge Ubico, como “tata-presidente”.
De manera que los modelos y prácticas conocidas hasta ahora fueron diseñadas no para que la sociedad gobierne, sino para ser gobernada. No para participar en la búsqueda de su bienestar, sino para esperar que este venga de un Gobierno “paternalista”, y de acuerdo con lo que ese Gobierno ha asumido que es lo que conviene a la colectividad.
Como consecuencia y debido a la imposibilidad de cumplir a los ciudadanos las promesas que hacen los políticos cuando se autopromueven, la gobernabilidad se ve mermada cuando ostentan el poder.
Y con ello ponen en peligro, no solo al Gobierno y su sistema, sino a la democracia en su conjunto.
Es patético el caso venezolano, donde un pueblo escéptico y cansado del incumplimiento de los diversos gobiernos, ha caído y creído en un líder populista, demagogo y dictatorial, que está conduciendo a ese país hacia la confrontación y el caos.
El nuevo fundamento de gobernabilidad plantea la necesidad de una reconceptualización y una redistribución del poder, y en ello no cabe duda que la promoción del auténtico bienestar colectivo tiene que darse desde la dimensión de lo local y con la participación ciudadana. Esta modalidad permite tomar en cuenta las características propias de cada comunidad, de cada municipio.
En este sentido entran los temas actuales de reforma del Estado y la descentralización, los que deben orientarse a promover el desarrollo local con la participación de toda la ciudadanía.
Por ello, es necesario repensar la forma en que las sociedades como la guatemalteca puedan satisfacer sus necesidades de desarrollo desde una perspectiva integral que contemple el crecimiento económico, social, democrático y cultural de todo el grupo, sin exclusiones de ninguna naturaleza y tomando en cuenta las características propias de cada comunidad, de cada municipio y territorio.
Las experiencias que se han avanzado a la fecha para el fortalecimiento del poder local están contribuyendo a la creación de un nuevo paradigma de gobernabilidad, que asegure la democracia y el desarrollo de los países en desventaja, como el nuestro.
Conviene, eso sí, advertir que poder local no significa en exclusiva la autoridad municipal ni la de algún grupo en particular, sino la auténtica participación de los diversos grupos que activan la vida ciudadana, los que dentro de la legalidad plantean y promueven sus demandas, las cuales deben ser atendidas por los responsables de darles respuesta.
Hay quienes anuncian el riesgo de la incidencia de la narcoactividad y el crimen organizado en el poder local, refiriéndose en este caso a los gobiernos locales, y quizás tengan razón; pero ello se desvanece ante el verdadero poder local, en el que la ciudadanía participa en el control y supervisión de la actividad pública.
