En entrega anterior comentaba sobre las razones por las que el tema fiscal vuelve a ser relevante en estos momentos; entre esas razones, además de la recurrente necesidad de recursos para el Estado, está el libro recientemente publicado por el ex Ministro de Finanzas, Dr. Alberto Fuentes Knight, así como la próxima llegada de un nuevo gobierno. Comentaba también sobre el recorrido histórico que las finanzas públicas han tenido en nuestro país. Hoy nos ocuparemos de lo que podríamos denominar las “tribulaciones tributarias de las últimas tres décadas en Guatemala”
Una de las preocupaciones ha sido la volatilidad del sistema impositivo, pues éste ha sufrido una serie de cambios que, al común de las personas les hace difícil el estar enterados de la situación del momento. Y a los empresarios les plantea un alto riesgo la falta de previsibilidad, por lo que las inversiones se postergan, y con ello, las posibilidades de generación de nuevos puestos de trabajo. Como prueba de esa variación, casi errática, veamos para ilustrarlo algunas de las reformas que se han sucedido en un tiempo tan corto como tres décadas.
La Reforma tributaria de 1983, bajo el Gobierno de Ríos Montt. En ella se implementó el IVA, Impuesto al Valor Agregado, con una tasa del 10%, habiéndose derogado el impuesto del timbre. Se redujo el Impuesto sobre la Renta de un 52 a un 42%. A los dos meses de haberse implantado el IVA, y con motivo del golpe de Estado que dio el General Mejía el IVA se redujo del 10% al 7%.
La Reforma tributaria de 1985, bajo el Gobierno de Mejía Victores. En abril del año 1985 entró en vigencia un paquete completo de nuevos impuestos, entre ellos el “selectivo” al consumo, y el de exportación al café. Fue lo que se denominó el “Lunes negro” (abril de 1985), que causó una gran desconfianza por lo que hubo de ser derogado pocos días después.
La Reforma tributaria de 1987, bajo el Gobierno de Cerezo Arévalo. Con esta reforma se propuso un incremento en las tasas del ISR, incluyéndose un impuesto extraordinario a las exportaciones, todo ello justificado por un presupuesto que incluía un déficit “gigantesco”, como le llamó el empresariado. Adicionalmente se implementó la vigilancia al comercio exterior, a través de una empresa especializada, la SGS. Este nuevo paquete causó un nuevo conflicto entre el Gobierno y el sector empresarial, que lo hizo inviable, provocando que los ingresos fiscales cayeran a partir de 1988, y que se generara, en 1990, la más alta inflación que ha vivido el País, estimada en un 60%.
La reforma tributaria de 1992, bajo el Gobierno de Serrano Elías. El Gobierno del Presidente Serrano recibió con una gran crisis fiscal, y para superar la situación, se implementó el “Bono Extraordinario de Emergencia del Tesoro”.
La reforma tributaria de 1994 bajo el Gobierno de León Carpio. En este periodo gubernamental, las características más sobresalientes fueron el uso de los fondos sociales y la demanda por la ampliación de la base tributaria, que buscaba que la economía informal se incorporara a la que paga impuestos. Y se planteó por vez primera la conveniencia, por parte del ejecutivo, de la desmonopolización, liquidación o venta de las empresas públicas. No se logró avanzar mucho en el tema impositivo.
Las reformas bajo el Gobierno de Arzú Irigoyen, 1996-2000. Los Acuerdos de Paz plantean que el sistema fiscal deberá ser capaz de suministrar los recursos necesarios y sanos para la obra estatal, y mediante estos acuerdos, el Gobierno se compromete a elevar la carga tributaria en, por lo menos, un 50% con respecto a la carga tributaria de 1995, todo ello como una relación de los impuestos recabados sobre el PIB (Producto Interno Bruto). Ello significa que para el año 1999 esa relación debiera ser de un 12%. Para el alcance de esta meta, el Gobierno implementó algunas medidas, entre ellas las más destacadas: la reforma al Código Tributario, que incluye nuevas sanciones; un “Programa especial”, dirigido a los grandes contribuyentes, y la puesta en funcionamiento de la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT. A partir del 1 de enero de 1996 se incrementó el IVA del 7% al 10%, se aprobó el ISET (impuesto extraordinario y temporal) para 1996 y 1997, con una tasa del 1 y 1.5%; una Emisión de Bonos de Emergencia 1996, (Decreto 31-96); y un impuesto al consumo de los combustibles de Q.0.50 por galón.
Gobierno de Alfonso Portillo, 2000-2004. A mediados del año 2001 se propone una nueva reforma fiscal, que, irrespetando acuerdos a los que llegó una comisión ad-hoc (Comisión del Pacto fiscal), integrada por sectores empresariales, sindicales, académicos y de la sociedad civil, aumenta algunos impuestos, como el del IVA, de un 10% a un 12%, así como duplica el Impuesto a las empresas mercantiles (IEMA). La comisión indicada y que fue desoída por el Gobierno propuso el incremento al IVA, pero acompañado de mayor transparencia y adecuación del gasto.
Son, pues, siete reformas bastante profundas en un periodo muy corto. Y lo preocupante es que durante esos años se generó desconfianza y temor por parte de los actores económicos, disminuyendo sensiblemente las posibilidades de inversión. Y sin inversión de capital no se generan nuevos empleos. Y la generación de empleos es lo que, entre otros elementos, provee el bienestar social.
