La necesidad de procurar que las normas informales se hagan realidad
Junio 2010
Es común el reconocimiento de que en Guatemala se ha logrado una macroeconomía relativamente estable, siendo ello considerado como un indicador de eficiencia del sector público.
Así, cuando comparamos a Guatemala con el resto de países latinoamericanos, en el tema del manejo macroeconómico se nos califica como de los mejores, en el sentido de contar con una economía de país relativamente predecible, con un manejo adecuado de los precios de nuestra moneda en relación a otras, especialmente el dólar; en relación a la inflación; y al costo mismo del dinero, es decir, la tasa de interés que cobra la banca. Adicionalmente, se reconoce que Guatemala es un país que siempre ha cumplido con sus compromisos financieros internacionales.
Pero el contar con una macroeconomía estable nos coloca ante varios peligros: uno, el que justifica a los gobernantes de turno el que tenemos “amplio margen” para endeudarnos; otro, el que la banca internacional ve que Guatemala es un país apetecible para asumir nuevos créditos, independientemente de que sean o no convenientes y necesarios; y otro, al que me referiré en esta entrega, la queja aparentemente válida de que de nada nos sirve contar con una macroeconomía sana si los indicadores de pobreza siguen altos, si las empresas tienen dificultades para alcanzar su punto de equilibrio, y si la economía familiar no mejora. De manera que la queja es: mientras la macroeconomía va bien, la microeconomía va mal. ¿A qué se debe esto?
Una explicación la da la economía institucional, que propone que lo que en realidad dinamiza el crecimiento económico depende del grado de eficiencia de las instituciones, mismas que contribuyen a crear las condiciones y sobre todo los incentivos necesarios para que los individuos y las empresas sean motivados a realizar actividades productivas en beneficio de la sociedad.
Las instituciones a que nos referimos son las “reglas del juego” de la sociedad, reglas que se reflejan en leyes que, cuando surgen de las necesidades e intereses reales de la sociedad son asumidas, pero cuando esas leyes se promulgan sin responder a normas bajo las cuales funciona la sociedad, sólo representan obstáculos al desarrollo.
En Guatemala, mucha de la legislación ha sido generada de manera arbitraria, centralista y excluyente, lo que ha derivado en instituciones débiles. Y esta debilidad institucional provoca altos costos de transacción en la economía, al dificultar agilidad y funcionalidad a los agentes económicos. Un ejemplo contundente, pero patético, es el de la seguridad y justicia, cuya débil institucionalidad provoca al conjunto de la sociedad pérdidas anuales superiores al 7 por ciento del Producto Interno Bruto (cerca de Q20 mil millones anuales). La inversión en Guatemala se dificulta por la falta de seguridad y certeza jurídica. Otro ejemplo es el de la tramitología, para la que pongo el ejemplo de varios Municipios del interior del país, cuyas municipalidades hacen tan complejo la autorización de licencias municipales, que los inversionistas han preferido abstenerse de invertir en ellas.
Es pues necesario procurar que las normas informales de la sociedad, como el afán de vivir en paz, o de desarrollar proyectos productivos, se transformen en realidades, mediante leyes formales, simples e “inteligentes”, para que la confianza entre la población y el Estado se fortalezca. De ello se deriva un verdadero Estado de Derecho, en el que su eficacia deviene, no de la fuerza o de un grupo de poder, sino de la aceptación racional de toda la sociedad, de su cultura.
La macroeconomía debe seguir siendo manejada con prudencia, y para que su efecto positivo sea sentido en la economía real, la institucionalidad debe ser fortalecida. Así se comprenderá el porqué del esfuerzo de preservar la macroeconomía de las malas prácticas que la debiliten.
