Las empresas estatales vistas desde la óptica de un ciudadano del interior del país.
“La historia de las empresas de servicios públicos administradas por el Estado nos ha decepcionado a todos”
Noviembre 1991
Es una historia en la que los usuarios tenemos que rogar por obtener el servicio, recibirlo de mala calidad, y a precios altos. Una historia en que la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios de ésas empresas es el resultado más visible. Una historia, en fin, que ha contribuido a la inflación y al centralismo en el país, males que nos agobian a los habitantes del interior.
Las empresas estatales pareciera que existieron desde siempre, pero no es así. Cuando verdaderamente se inició la “oleada“ de empresas estatales fue en la década de los años 50, cuando, animados por las corrientes de pensadores económicos de la línea del CEPAL (Comisión económica para américa latina de las Naciones Unidas) se confió en que las empresas estatales o paraestatales serian el “motor“ de la modernización de Países pobres, como Guatemala. Y fue a partir de estos años cuando se dio una expansión importante del sector público. Y el fenómeno se dio en prácticamente toda la américa latina, y con casos de estudio ya clásicos sobre el tema, los de México y Brasil, que al inicio de los años 60 tenían unas 150 empresas estatales cada país, y al finalizar la década de los 80 tenían cerca de 600 empresas estatales cada uno.
Hoy, casi 30 años después de aquella “oleada“, nos encontramos con que ese diseño “teórico“ no funcionó. Y que urge usar las fórmulas que si han demostrado que pueden lograr lo que las estatales no lograron, a saber: generar empleo y riqueza, provocándose un crecimiento económico y un auténtico desarrollo. Y ésa fórmula muy sencilla, es, concretamente, devolverle a las personas particulares la opción de ofertar los bienes y servicios públicos que la comunidad requiere.
Es interesante escuchar y leer los argumentos que utilizan las personas que se oponen a desmonopolizar los servicios públicos que administra el estado. Esas argumentaciones plantean que se provocará desempleo, que se encarecerá el precio de los servicios, que se debilitará el Estado, que se desnacionalizarán los recursos, etc. Veamos, someramente, que tan ciertas son las argumentaciones. Así, el argumento del desempleo será cierto en los casos en que la empresa estatal esté sobre-dimensionada en su personal, caso contrario, la privatización no significa reducir personas. Y, en todo caso, existe la alternativa de privatizar vendiéndoles a los trabajadores la empresa (capitalismo popular). Otro argumento, el del encarecimiento de precios, es aún más débil, pues está hartamente demostrado que la empresa privada es más eficiente en el cálculo de costos, y vende más barato los servicios que el Estado. Y en cuanto al argumento el debilitamiento del Estado, indudablemente sucede lo contrario, pues un Estado es más fuerte en la medida en que cumple a cabalidad con su cometido y con lo que el Pueblo de él espera. Y, al dejar de actuar como empresario-administrador, actividades que hace muy mal, podrá centrar sus esfuerzos en sus roles principales, y podrá actuar imparcialmente como árbitro en las búsqueda del equilibrio para alcanzar el “bien común“. Otro argumento ha sido el de la desnacionalización de los recursos. Al respecto habría que preguntarse si el endeudamiento al que nos han sometido los malos manejos de las empresas estatales no son una desnacionalización de recursos.
Está probado que las empresas estatales o paraestatales de servicios públicos han sido causante de corrupción. Esto nadie puede negarlo. Y también de inflación, como se pudo comprobar con el subsidio al INDE en los últimos tiempos del Gobierno de Cerezo, en que, especialmente por causa del INDE la inflación llegó a cifras record de 60% para unos y 80% para otros. Pero hay algo más, y es el que las empresas estatales o paraestatales han sido causante o fortalecedoras, al menos, del agobiante centralismo que vivimos.
Guatemala fue uno de los primeros países de américa latina y el caribe en contar con servicio eléctrico. Las primeras hidroeléctricas fueron privadas y descentralizadas (1887-Guatemala, 1889-Quetzaltenango, Retalhuleu, Puerto de San José, etc.). Con los años las diferentes empresas electrificadoras fueron absorbidas por el Estado, hasta que en 1959, con la creación del INDE (Instituto Nacional de Electrificación), se consolido el control estatal del sub-sector eléctrico. Y hoy, después de haber sido pioneros en electrificación, tenemos el consumo per cápita más bajo, junto con Haití, de América latina y el Caribe (160 kWh y 51 kWh per cápita respectivamente).
Visto lo anterior, regreso a analizar la correlación entre empresa estatal (el INDE) y el centralismo. Al efecto usare dos elementos de juicio:
1. El número de empleados y su ubicación física: en relación al primer elemento, el personal del INDE, para 1990, era 5894 personas,, según informe obtenido internamente, y, casi 7,000 según informó recientemente por televisión el actual Presidente de la Institución. Esta cantidad de personal, para los 777 Megavatios producidos demuestra una relación de más del doble que los estándares aceptables. Es importante destacar, para la tesis que planteo de la excesiva concentración y centralización provocada por las empresas estatales, el hecho de que se estima que únicamente 2064 personas trabajan en el interior del País (un 33%), y las restantes 3830 trabajan en las oficinas centrales, en la Ciudad Capital (el 65% del total). Es también interesante ver que 1404 personas trabajan para la selección de “planificación y proyectos“, y 1168 en la de “obras“, cantidad muy importante si se toma en cuenta que no hay proyectos en ejecución desde hace más de 9 años.
2. El consumo de la energía eléctrica producida: adicionalmente al análisis anterior, otro que denota la concentración es el del consumo de la energía producida, la que, según datos del INDE, se utiliza en un 73% en la Ciudad Capital y su área metropolitana.
Otra característica de las empresas estatales que ha venido a agravar la centralización y concentración del País, es que todas ellas instalan sus “Oficinas centrales“ en la Ciudad de Guatemala, y contratan tanto personal como sea posible, y realizan las compras de todos sus insumos en la Ciudad Capital, no importando si la “empresa estatal“ de servicio público debe dar ese servicio que la justificó en el interior del País.
El caso descrito es una muestra representativa de lo que sucede en todas las empresas estatales, y la consecuencia es que esas empresas han sido una sangría del presupuesto nacional. El INDE, al igual que todas las demás, se ha convertido en un agente de colocación de empleo, sujeto a los políticos de turno y sus “recomendaciones“, dirigido muchas veces por personal no calificado y corrupto.
En resumen, la experiencia de estos años de participación activa del estado en el campo empresarial, ha dejado una fehaciente muestra de corrupción, incapacidad, centralización y, además, inflación. Pues el sostenimiento de ésos “monstruos“ se ha tragado unas cantidades enormes de recursos que el estado ha subvencionado muchas veces, por la vía de la inflación.
El tiempo ha llegado para revertir la tendencia estatizadora. Es obligatorio privatizar las empresas estatales. Hay muchas posibilidades, todas tendientes a que ésas empresas, una vez desmonopolizado el servicio, se vuelvan competitivas, a base de bajar precios y mejorar servicios, y que cumplan a cabalidad con el objetivo que alguna vez tuvieron, cuando se justificó su inicio.
Y para dejar una nota de optimismo, es bueno recordar que allá por el año 1935, en los Estados Unidos de Norteamérica solo un 10% de los habitantes del área rural gozaban de la electricidad, y para resolver su problema, los agricultores se asociaron en cooperativas, y produjeron energía eléctrica por medios hidráulicos. A los pocos años eran autosuficientes, y vendían la energía a las ciudades. ¿Por qué no copiar los ejemplos positivos?. En Guatemala estamos en una situación en que solo un 6% aproximadamente de la población rural goza de energía eléctrica, y sin energía no habrá mejoras a la productividad, ni habrá generación de nuevas actividades productivas. Y en Guatemala se tiene más de 425 caídas de agua que pueden generar cerca de 5 mil megavatios, cantidad suficiente para resolver nuestras necesidades actuales, estimadas en unos 850 megavatios.
