Es francamente bochornosa la situación en que ha caído el Congreso de la Republica al ser acusado públicamente de manipular los recursos del Estado para favorecer a algunos Diputados a través de sus “empresas y ong´s”. Esas acusaciones vienen de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y de la Contraloría General de Cuentas, las que solicitaron públicamente prohibir al Congreso el uso de ong´s en obras. A pesar de esos llamados, algunos de los recientemente electos Alcaldes y Diputados ya se han reunido para discutir el listado geográfico de obras, y repartirse los beneficios de las mismas. Se ha vuelto un problema mayúsculo el tema de la obra pública, pues no solo roban hasta un 40% del monto de la misma, sino que la calidad de ejecución es pésima, como lo hemos comprobado con la reciente tormenta. Esta situación debe corregirse de raíz si se quiere aumentar la carga tributaria, pues el fundamente ético y jurídico de los impuestos está en que los ciudadanos aceptan aportar al Estado cuando éste cumple las funciones a las que está llamado, y lo hace de manera transparente y eficiente
Los ciudadanos en general reconocen que los impuestos son necesarios, pero cuando lo que se evidencia es el latrocinio y mal uso de los mismos, el mensaje al ciudadano es lo opuesto. En su libro Rendición de Cuentas del Dr. Fuentes Knight refleja con meridiana claridad esa realidad, explicando cómo el hoy candidato presidencial Dr. Manuel Baldizón manipuló los presupuestos del Estado en beneficio de los Diputados que se aliaron a su contingente político.
Debemos reconocer que el impuesto es, según la doctrina, una institución con tres cualidades: una jurídica pues produce derechos y deberes entre el Estado y los ciudadanos; una política pues se refiere a la vida del Estado y sus organismos, constituyéndose en medio indispensable para la consecución de sus fines; y una económica porque se refiere a los bienes materiales o riqueza de los individuos y de los pueblos. Y para que un impuesto, y un sistema impositivo sean aceptados y aceptables, deben reunir las siguientes condiciones: en lo jurídico, que sea “Justo”, es decir, que haya igualdad en su imposición; que sea “Moral”, refiriéndonos en ello a que no se distraigan recursos del ahorro, ni que, por excesivos o complicados induzcan a la defraudación o al contrabando, y que no sean arbitrarios, evitándose las extralimitaciones; que sean “legales”, es decir, decretados por autoridad competente, y que sean “legítimos”, o sea que correspondan realmente a necesidades del Estado. En cuanto a las condiciones políticas, que exista el criterio de “oportunidad”, es decir, que se decreten cuando exista la necesidad real; que permitan una “forma adecuada” en la cobranza, de modo que esta sea pronta, segura y económica. Y en cuanto a las condiciones económicas, debe esperarse la “suficiencia” es decir, que el impuesto sea suficiente (no excesivo) para las necesidades que esté llamado a satisfacer; que incluya la “limitación” esto es, no disminuir la riqueza o patrimonio individual de las personas, ni la nacional; algo muy importante, la “inocuidad”, es decir, causar la menor perturbación posible en la producción, circulación y consumo de la riqueza.
Recientemente un grupo de 40 profesionales de las C.C. Económicas y analistas de temas fiscales ha hecho una propuesta publica de Modernización Fiscal, la cual es una buena base para discutir y encontrar una solución definitiva al problema fiscal del Estado, problema que, como sabemos es de larga data y al que no se le ve otra salida que discutirlo en un nivel técnico y profesional; seguramente tomando como base el Pacto Fiscal del año 2,000.
