“Un contrato que regula y garantiza los derechos de libertad e igualdad”.
Junio 2010
Una de las aspiraciones permanentes de la humanidad ha sido alcanzar una situación en la que todas las personas puedan gozar de libertad y de similares oportunidades; pero esta intención se ve perturbada con frecuencia por diversos conflictos y constantes luchas.
Así, los humanos durante siglos se esforzaron por ese logro sin alcanzarlo, hasta que un día decidieron poner fin a esa situación con una nueva estrategia, y acordaron un convenio que permitiría fundar un Estado. Este convenio se transformó con el tiempo en un contrato o compromiso al que denominamos “Constitución”.
La democracia que hoy conocemos está fundamentada en esos contratos, en las constituciones, que se originan en las ideas contractualistas del siglo XVII, inspiradas en la filosofía de Locke y Hobbes, filósofos que reconocieron la necesidad de un poder político en la sociedad que facilitara el alcance de la igualdad y libertad, conscientes que la historia había demostrado que esos “estados de naturaleza” eran constantemente trastocados y violentados.
La democracia, como sabemos, es el gobierno del pueblo, la expresión de la voluntad de los ciudadanos, construida de abajo hacia arriba, contrapuesta a la dictadura o aristocracia que se organiza de arriba para abajo. La democracia, para ser tal, debe estar basada en la idea de Estado de Derecho, de tal manera que quienes gobiernan a los ciudadanos sean las leyes y no los hombres, y la Constitución como la “madre” de las leyes.
La Constitución en una democracia se establece como un contrato que regula y garantiza los derechos de libertad e igualdad, proveyéndole de los medios para cumplir con esa finalidad, esto es, mediante un Poder Judicial, un Legislativo y un Ejecutivo, poderes que a su vez se someten a la Constitución, siendo por ello poderes limitados y que se controlan mutuamente.
En Guatemala nos esforzamos por construir una democracia constitucional, garantizada mediante la Corte de Constitucionalidad, entidad que vigila los derechos del pueblo contra los desafueros que pueda cometer cualquiera que pretenda abusar del poder.
Nuestra Constitución, que se promulgó hace ahora 25 años, establece de forma taxativa y en detalle (para algunos demasiado explícitos) los acuerdos a los que los constituyentes llegaron en el momento de su discusión, cuando aún se vivía un enfrentamiento armado. Pero no debe perderse de vista que la Asamblea Nacional Constituyente obtuvo más del 85 por ciento de respaldo de los ciudadanos electores, lo cual le ha dado una legitimidad fuera de dudas.
Hoy las condiciones han cambiado, pues por una parte se firmaron los Acuerdos de Paz, y por la otra, el mundo se ha “globalizado”; sin embargo, y aún con debilidades, la Constitución que nos rige ha sido el acuerdo social que nos ha facilitado la convivencia, guiándonos de manera que ha permitido superar dificultades grandes, como la intención de ruptura democrática por parte del ex presidente Serrano Elías, o la consulta para introducir cambios una vez firmado los Acuerdos de Paz, intención descalificada por la ciudadanía como respuesta al abuso de los legisladores del momento al intentar “colar” una serie de cambios que no procedían.
Hay quienes proponen un cambio constitucional que se adecúe a la era de la globalización económica, política y cultural de nuestros tiempos. Este es el riesgo que se cierne sobre nuestra Carta Magna: su manipulación por personas no calificadas para ello (la mayoría de los actuales legisladores); y el otro riesgo, convocar a una Asamblea Constituyente en momentos en que la crispación política puede obnubilar la sensatez.
Por tanto, mejor celebremos el vigésimo quinto aniversario de la promulgación de nuestra Constitución conociéndola, respetándola y cumpliéndola, a sabiendas que seguirá siendo el mejor ordenador político.
