El papel de nuestra sociedad en la búsqueda de su futuro
Diciembre 2007
Durante varios siglos en la época pre-colombina las comunidades indígenas (mayas) resolvieron sus problemas sociales de atención a las viudas, los huérfanos y los menesterosos con una combinación de estrategias territoriales y funcionales. Entre las primeras, las denominadas como “Cajas de la comunidad” funcionaban con los excedentes de la producción de las tierras comunales, y con incidencia en un territorio definido. Y las de carácter funcional con una funcionalidad similar a las actuales Cofradías, apoyando las necesidades de los grupos que pertenecían a una comunidad “cerrada”.
Durante los tres siglos de la colonia siguieron funcionando las dos estrategias mencionadas, soportadas por las tierras comunales. Y a ellas se agregó otra instancia territorial, el Municipio, con la responsabilidad de atender las necesidades de seguridad y servicios básicos de los residentes en ese territorio municipal. Adicionalmente funcionaron otras instituciones de gran trascendencia: las órdenes religiosas (franciscanos, dominicos y mercedarios), quienes asistieron en temas de salud, educación, capacitación para el trabajo y ayuda social en general.
Adicionalmente, y para atender a los nuevos grupos sociales surgidos durante la colonia, es decir los mestizos y los criollos, se crearon dos instituciones: la Asociación de Amigos del País y el Consulado de Comercio. La primera fue constituida para apoyar a las comunidades en sus necesidades de infraestructura y de promoción de sus economías. Y la segunda trasladaba fondos que obtenía del monopolio del comercio exterior a la Asociación de Amigos del País para su funcionamiento.
Estas modalidades, la precolombina de las Cajas de la Comunidad y las Cofradías, así como las agregadas durante la colonia: el Municipio, las órdenes religiosas y la Asociación de Amigos del País, y su entidad hermana el Consulado de Comercio, continuaron funcionando en la época independiente bajo los gobiernos conservadores durante buena parte del siglo XIX, hasta la llegada de los liberales. Estos a partir de la revolución de 1871 cambiaron la modalidad de apoyo social y de infraestructura de la sociedad guatemalteca en su conjunto, optando por quitarle a las comunidades indígenas las tierras comunales, parte de las cuales otorgaron a los nuevos terratenientes para la explotación del café; y confiscándole los bienes inmuebles y otros recursos a las órdenes religiosas.
Se suspendió también el Consulado de Comercio y se dejó sin la función pública anterior a la Asociación de Amigos del País. A partir de entonces se crea un Ministerio de Desarrollo, y otros ministerios de línea para resolver las necesidades de la sociedad, centralizando de esa manera el poder político en el Gobierno central y delegando algunos temas en los gobiernos locales, pero sin recursos económicos para afrontarlos. Esta modalidad funcionó por más de cien años con los gobiernos liberales.
Durante diez años (1944 a 1954), con los gobiernos denominados de la revolución, se agregaron algunas instituciones para proveer previsión social (el IGSS) y se devolvió autonomía a las Municipalidades y otras instituciones que la habían perdido en la época “liberal” (como la Universidad de San Carlos, por ejemplo). Y desde entonces la sociedad participó, aunque discretamente, a través de los denominados comités, que servían como tramitadores ante el Gobierno de proyectos de obra física (solicitudes de servicios de agua, de caminos, etcétera).
No es hasta 1986 cuando, con motivo de la nueva Constitución (que actualmente nos rige), se da un cambio fundamental al devolverle a la sociedad la preeminencia en la resolución de la problemática social y de desarrollo del país, basándose en el estatuto de la subsidiariedad, que se entiende como ese dejar hacer a estamentos inferiores aquello que son capaces de realizar por sí mismos.
Vemos pues que durante la historia se ha pasado de una experiencia de participación voluntaria de las personas de la sociedad (desde la época pre-colombina) a una de dependencia del poder centralizado y presidencialista (a partir y durante los gobiernos liberales) para volver, a partir de la actual Constitución política de la República, a la modalidad en que las personas, en forma individual o asociativa, pueden ser artífices de su propio desarrollo. Este recorrido también ha llevado a transcurrir desde lo puramente asistencial a lo que es el desarrollo, concepto más profundo que coloca a la persona y su dignidad en el centro y como capaz de salir avante por sí misma, otorgándole únicamente un “punto de apoyo”.
